Arbitrabilidad de Actos Administrativos Contractuales

Resumen

En Ecuador existen normas legales que otorgan al Estado la potestad para acudir al arbitraje, lo cual nos ha llevado a analizar la arbitrabilidad de las disputas en el arbitraje administrativo, concluyendo que si existe una norma que expresamente permita al Estado acudir al arbitraje, este podrá hacerlo sin más obstáculos que los límites impuestos
por la propia ley y el convenio arbitral, siendo el tribunal arbitral quien decidirá su propia competencia; sin que, por el mero hecho de que la disputa tenga que ver con normas de interés general –como sería la legalidad de los actos administrativos– sea un límite para el arbitraje. Los actos administrativos contractuales sí serían arbitrables, debido a que la arbitrabilidad de los mismos nace del ejercicio de una potestad otorgada por la ley y el único límite a su arbitrabilidad deberá encontrarse en la misma ley que establece la potestad de arbitrar o en el convenio arbitral; por lo que, los árbitros están obligados a respetar el principio de legalidad en cuanto a esta potestad de arbitrar, estando facultados a revisar su legalidad. Igualmente, esta arbitrabilidad no estaría limitada por la transigibilidad de la disputa. La transigibilidad, como límite a la autonomía de la voluntad, carece de sentido en el arbitraje administrativo.

Abstract

In Ecuador there are laws that give the State the power to go to arbitration, which has led us to analyze the arbitrability of the disputes in the Administrative Arbitration, concluding that if there is a rule that specifically allows the State to arbitrate, it can do so with no more obstacles than the limits imposed by the law itself and the arbitration agreement, being the arbitral tribunal who should decide its own jurisdiction, without being a limit for arbitration the mere fact that the dispute is related to rules of general interest, as it would be the legality of Administrative Acts. Contractual Administrative Acts are, indeed, arbitrable because
their arbitrability arises from the exercise of a power granted by law, and the only limit to their arbitrability should be stated in the same law that establishes the power to arbitrate, or in the arbitration agreement, so that the arbitral tribunal is
obliged to respect the principle of legality in terms of this authority to arbitrate, more so it is empowered to review the legality of these Contractual Administrative Acts. Also, the tradable characteristic of a dispute cannot be taken as a limit
to the arbitrability. The tradable characteristic of the dispute as a limit to the private autonomy is meaningless in the Administrative Arbitration.

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