Gastos de vivienda deducibles de impuesto a la renta

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Junio 08 2017

El Estudio Jurídico Noboa, Peña y Torres Abogados Ecuador es una especie de boutique de servicios legales. Cada cliente encuentra lo que necesita, salvo temas penales o asuntos relacionadoS con tránsito. En materia tributaria, que es lo que hoy nos convoca, son expertos. Entrevistamos al Dr. Patricio Peña sobre dos temas de gran importancia para nuestros lectores: gastos de vivienda que son deducibles del pago de impuesto a la renta; y beneficios tributarios que aplican a las asociaciones público-privadas que nacen con el propósito de desarrollar proyectos inmobiliarios.

Gastos de vivienda deducibles de impuesto a la renta

Alianzas público privadas para proyectos inmobiliarios

Con ocasión de la expedición de la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), en este momento hay una importante oportunidad para personas naturales o jurídicas que estén interesadas en incursionar en programas inmobiliarios. Esta ley incorpora importantes beneficios de carácter tributario.

¿Cuáles son los beneficios tributarios para las APPs?

Las sociedades creadas en Ecuador estarán exoneradas del pago de impuesto a la renta durante diez años contados a partir del primer año en el que se generen ingresos. También están exentas durante diez años las utilidades que se paguen a los socios de estas sociedades, cualquiera sea su domicilio. Además, lo siguiente estará exento del pago del impuesto a la salida de divisas: pagos por importación de bienes necesarios para ejecutar estos proyectos, pagos por adquisición de servicios, pagos realizados por la sociedad a los financistas del proyecto incluido capital, interés y comisiones; pagos por distribución de dividendos o utilidades a los beneficiarios, sin perjuicio del lugar donde tengan su domicilio fiscal.

¿Es decir que no son exclusivamente para vivienda de interés social?

No, en absoluto. La Ley de APPs incluye la construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, vivienda de interés social y obras de desarrollo urbano; es decir, se refiere a proyectos inmobiliarios en general, independientemente de a qué segmento socio económico están dirigidos. Lo que sí establece la ley es beneficios puntuales que aplican solamente a proyectos de vivienda social. Por ejemplo, la posibilidad de excluir el valor de los terrenos en el cálculo del activo que pondera para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

La condición es que el proyecto calce dentro de las premisas contempladas en la ley, y fundamentalmente que sea calificado como tal por el comité interinstitucional que estará integrado exclusivamente por tres funcionarios del gobierno: el Ministro Coordinador de la Producción quien lo presidirá, el Ministro Coordinador de Política Económica, y el Secretario Nacional de Planificación. También participarán con voz pero sin voto, la máxima autoridad de la entidad pública promotora del proyecto de asociación público-privada, y la máxima autoridad del SRI.

¿Ningún representante de la empresa privada?

No, y no podría haberlo porque constitucionalmente se establece que los órganos de supervisión deben excluir a quienes eventualmente tendrían conflictos de interés. No se puede ser juez y parte.

¿El mecanismo está caminando?

Si bien esta normativa es relativamente nueva en Ecuador, hay muchos países que ya tienen una experiencia interesante. Tanto los operadores de las entidades públicas como del sector privado en Ecuador están en fase de aprendizaje, y la invitación está hecha para descubrir las oportunidades para proyectos inmobiliarios interesantes. Tenemos experiencia en estas alianzas en otros sectores y segmentos de actividad; en materia de vivienda no se ha dado la posibilidad, pero estamos atentos a la oportunidad de promoverlos. 

Con ocasión de la expedición de la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), en este momento hay una importante oportunidad para personas naturales o jurídicas que estén interesadas en incursionar en programas inmobiliarios. Esta ley incorpora importantes beneficios de carácter tributario. 

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